Fecha de recibido: 26/11/2025
Fecha de aceptado: 13/02/2026
Fecha de publicado: 03/03/2026
Introducción
El acceso a la justicia ha sido conceptualizado por organismos internacionales y académicos como un derecho humano fundamental y un principio esencial del Estado de Derecho, indispensable para garantizar la protección efectiva de los demás derechos y libertades. De acuerdo con la definición contemporánea, este derecho implica no solo el acceso formal a tribunales u órganos judiciales, sino también la existencia de mecanismos, servicios y garantías que permitan a todas las personas, en condiciones de igualdad y sin discriminación, obtener asistencia legal, información, representación y remedios eficaces frente a vulneraciones de sus derechos (Tacconi, L. H., & Guarido Filho, E. R, 2024).
El acceso a la justicia ha evolucionado en el discurso jurídico contemporáneo desde una dimensión meramente formal hacia una verdadera garantía material dentro de los Estados constitucionales. Este derecho no solo habilita a las personas a acudir a los tribunales, sino que involucra la existencia de procedimientos efectivos, decisiones motivadas y mecanismos que aseguren que las personas puedan ejercer y proteger sus derechos en condiciones de igualdad. Según (Yáñez, K. A., & Maldonado, F. L, 2023) la tutela judicial efectiva comprende el acceso a la justicia, el derecho a obtener una decisión fundada en derecho, la ejecución de esa decisión y la posibilidad de impugnar resoluciones desfavorables, lo cual reafirma su fundamentación como derecho humano y principio estructural del Estado de Derecho.
Además, se reconoce que el acceso a la justicia es una condición indispensable para el funcionamiento democrático y la legitimidad del orden jurídico. Las normas constitucionales y los tratados internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, consagran el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y sin discriminación, lo que establece un vínculo directo entre el acceso judicial y la protección de otros derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, la garantía de acceso a la justicia debe materializarse no solo en el reconocimiento normativo, sino también en la disponibilidad de mecanismos institucionales que faciliten su ejercicio real, eliminando barreras procedimentales, económicas, culturales y estructurales que históricamente han limitado este acceso para sectores vulnerables (Dávalos A, 2025).
En el contexto latinoamericano y ecuatoriano, la investigación empírica ha demostrado que el acceso efectivo a la justicia continúa siendo un desafío en zonas rurales y entre grupos marginados, lo cual evidencia la necesidad de políticas públicas que garanticen igualdad de condiciones para litigar y acudir ante órganos jurisdiccionales. Así, al conceptualizarse como principio estructural del Estado de Derecho, el acceso a la justicia se configura como una herramienta indispensable para la consolidación de sociedades más equitativas, democráticas e inclusivas, donde la protección legal real trasciende la mera formalidad y se traduce en resultados concretos en la vida de las personas (Alvarado J, Silva D, Mejía- G, Mejía- V, 2024).
La teoría contemporánea vincula el acceso a la justicia con la legitimidad democrática y la gobernanza institucional. Un sistema judicial accesible fortalece la confianza ciudadana, reduce la impunidad y contribuye a la cohesión social. Por ello, el acceso a la justicia no solo es un derecho individual, sino también un elemento estructural que sostiene la arquitectura del Estado constitucional y democrático de Derecho (Minow, M., 2022). No obstante, esta investigación está directamente articulada con el proyecto de investigación de la carrera Derecho titulado: “Educación legal a través de emisoras radiales e Internet”.
Materiales y métodos
La presente investigación se estructuró bajo un diseño documental con enfoque explicativo y bibliográfico, orientado al análisis sistemático, crítico e integrador de la producción científica relacionada con el acceso a la justicia como principio fundamental del Estado de Derecho. Este enfoque metodológico permitió examinar, contrastar y sintetizar desarrollos doctrinales y normativos contemporáneos desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos y la teoría constitucional, con el propósito de identificar patrones conceptuales, convergencias interpretativas y fundamentos jurídicos que sustentan la centralidad del acceso a la justicia en los sistemas democráticos contemporáneos.
El estudio se inscribe en la tradición de la investigación jurídica teórica-analítica, privilegiando el examen de fuentes secundarias especializadas y literatura científica indexada, bajo criterios de rigor académico, trazabilidad y reproducibilidad.
Estrategia de búsqueda y fuentes de información
Se realizó una revisión bibliográfica sistematizada de artículos científicos publicados en idioma castellano y portugués en revistas académicas indexadas en bases de datos de alto impacto y reconocimiento internacional, específicamente: PubMed, Scopus, BioMed Central, SciELO, ScienceDirect.
La estrategia de búsqueda combinó términos clave derivados del problema de investigación y alineados con los objetivos del estudio. Se emplearon los descriptores: derecho, equidad, justicia y beneficios, articulados mediante operadores booleanos (“AND” y “OR”) para ampliar o restringir los resultados según correspondiera.
La ecuación de búsqueda fue adaptada a los requisitos sintácticos específicos de cada base de datos, garantizando exhaustividad y pertinencia temática. La delimitación temporal incluyó publicaciones a partir del año 2020, con el fin de asegurar actualidad doctrinal y coherencia con los desarrollos recientes en materia de derechos humanos y políticas públicas de acceso a la justicia.
Criterios de inclusión
Se incluyeron en el análisis aquellos artículos que cumplieron con los siguientes criterios:
· Publicaciones en idioma castellano o portugués.
· Artículos publicados a partir del año 2020.
· Estudios con definición conceptual explícita del acceso a la justicia o su vinculación con el Estado de Derecho.
· Investigaciones cuyo diseño metodológico y desarrollo argumentativo guardaran coherencia con los objetivos del presente estudio.
· Documentos con acceso al texto completo para garantizar un análisis integral de su contenido.
Los artículos seleccionados fueron sometidos a una revisión crítica de sus secciones metodológicas, marcos teóricos y conclusiones, a fin de evaluar su calidad argumentativa, consistencia interna y contribución sustantiva al campo de estudio.
Criterios de exclusión
Se excluyeron:
· Artículos con información metodológica insuficiente o ambigua.
· Publicaciones anteriores al año 2019.
· Trabajos sin acceso a texto completo.
· Documentos que, pese a incluir términos relacionados, no abordaran de manera sustantiva el acceso a la justicia como principio estructural del Estado de Derecho.
El proceso analítico se desarrolló en tres fases:
1. Fase de identificación: recuperación inicial de registros en las bases de datos seleccionadas y eliminación de duplicados.
2. Fase de cribado: revisión de títulos y resúmenes para verificar pertinencia temática.
3. Fase de elegibilidad y análisis: lectura completa de los textos seleccionados y extracción de información relevante mediante matrices de análisis documental.
El análisis se realizó mediante una técnica de análisis de contenido cualitativo, orientada a identificar categorías emergentes relacionadas con: conceptualización del acceso a la justicia; su reconocimiento como derecho humano fundamental; su relación estructural con el Estado de Derecho; barreras estructurales (económicas, sociales, culturales y procesales); y políticas públicas orientadas a su efectividad.
La síntesis interpretativa se efectuó bajo criterios de coherencia doctrinal, convergencia normativa y relevancia argumentativa, permitiendo la construcción de un marco explicativo integral.
Materiales e instrumentos
Dado el carácter documental del estudio, los recursos empleados fueron de naturaleza técnica y logística: equipo informático (computador portátil), conexión a internet para el acceso a bases de datos científicas, y herramientas de apoyo para la sistematización y organización de la información (matrices de análisis y gestores bibliográficos). Estos instrumentos facilitaron la recopilación, clasificación y evaluación crítica de las fuentes seleccionadas.
Consideraciones éticas
La investigación respetó estrictamente los principios de integridad académica y propiedad intelectual establecidos en la Ley 23 de 1983, garantizando el reconocimiento adecuado de las fuentes consultadas. La citación y referenciación de la información se realizó conforme a las normas de la APA (7.ª edición), asegurando transparencia, trazabilidad y respeto por los derechos de autor.
Al tratarse de una investigación documental basada exclusivamente en fuentes secundarias de acceso público, no se requirió aprobación de comité de ética en investigación ni consentimiento informado, al no involucrar intervención en seres humanos ni manejo de datos personales sensibles.
Figura 1. Flujograma de selección de artículos (PRISMA).
El diagrama de flujo detalla un proceso de selección sistemática que inició con la identificación de 52 registros potenciales (43 provenientes de bases de datos y 9 de fuentes adicionales). Tras una fase inicial de cribado donde se descartaron 8 registros, se evaluó la elegibilidad de 26 artículos a texto completo. Después de excluir 2 estudios por no cumplir con los criterios específicos, la revisión concluyó con la inclusión de 24 estudios para la síntesis cualitativa, lo que representa una tasa de retención final del 46% respecto a la muestra inicial identificada.
Resultados y discusión
Los resultados que se presentan a continuación derivan de un proceso sistemático de revisión, selección y análisis crítico de la literatura científica reciente sobre el acceso a la justicia en el marco del Estado de Derecho. A partir de la aplicación rigurosa de los criterios de inclusión y exclusión previamente establecidos, así como del análisis de contenido cualitativo de los estudios seleccionados, se identificaron categorías conceptuales recurrentes, enfoques interpretativos predominantes y líneas argumentativas convergentes en torno a la naturaleza jurídica, alcance normativo y dimensiones estructurales del acceso a la justicia. Esta síntesis permite no solo delimitar su configuración como principio fundamental del Estado constitucional, sino también evidenciar las principales barreras que obstaculizan su efectividad y las estrategias institucionales orientadas a garantizar su realización material en contextos de desigualdad social.
Tabla 1. Fundamentos teóricos del acceso a la justicia como derecho humano y principio estructural del Estado de Derecho, a partir de doctrina jurídica nacional e internacional.
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Autor/ Autores |
Año de estudio |
País o Ciudad de estudio |
Tipo de investigación |
Fundamentos teóricos del acceso a la justicia como derecho humano y principio estructural del Estado de Derecho |
Ref |
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Cox S |
2023 |
Iberoamérica |
Estudio comparativo |
Explica que el acceso a la justicia es reconocido constitucionalmente como un derecho fundamental y condición del Estado de Derecho, y analiza reformas judiciales y obstáculos en América Latina.
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(Cox S , 2023) |
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Samaniego D |
2023 |
Ecuador |
Análisis documental y revisión bibliográfica |
Analiza el acceso a la justicia como derecho fundamental, señalando barreras económicas, geográficas y de percepción que dificultan el ejercicio de este derecho y afectando la igualdad ante la ley, elemento básico del Estado de Derecho.
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(Samaniego-D, 2023). |
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Donoso A y col. |
2023 |
Ecuador |
Estudio descriptivo |
El acceso a la justicia es un derecho humano esencial durante situaciones de conflicto, destacando la importancia de mecanismos procesales (como audiencias telemáticas) para garantizar la tutela efectiva
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(Donoso, A., Vinueza, L., & Nápoles, Y, 2023) |
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Torlig E y col. |
2023 |
Brazil |
Revisión de literatura |
Establece distintos enfoques conceptuales del acceso a la justicia y señala que su reconocimiento como derecho fundamental requiere superar barreras estructurales para garantizar igualdad de oportunidades ante el sistema legal.
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(Torlig, E., Gomes, A., & Lunardi, F, 2023) |
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Rodriguez V |
2024 |
Ecuador |
Estudio documental analítico |
Expone que el acceso a la justicia es un derecho humano consagrado en instrumentos nacionales e internacionales y constituye un pilar esencial del Estado de Derecho para la protección efectiva de otros derechos.
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(Rodríguez V, 2024). |
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ONU |
2024 |
Naciones Unidas |
Estudio descriptivo de enfoque analítico |
El acceso a la justicia es un elemento central del Estado de Derecho y un derecho humano, indispensable para que las personas puedan obtener recursos judiciales efectivos frente a violaciones de derechos
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(Naciones Unidas , 2024) |
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Ortega L |
2024 |
México |
Análisis documental cualitativo |
El acceso a la justicia es discutido como derecho humano fundamental que debe garantizarse mediante instrumentos tecnológicos y jurídicos, situándolo como eje para la efectividad de otros derechos
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(Ortega L , 2024). |
De los artículos revisados, en la tabla 1 se evidenciaron 7 artículos de alto impacto científico correspondientes a Iberoamérica, México, Ecuador y Brasil; corroborando que la teoría contemporánea vincula el acceso a la justicia con la legitimidad democrática y la gobernanza institucional. Un sistema judicial accesible fortalece la confianza ciudadana, reduce la impunidad y contribuye a la cohesión social. Por ello, el acceso a la justicia no solo es un derecho individual, sino también un elemento estructural que sostiene la arquitectura del Estado constitucional y democrático de Derecho.
Tabla 2. Principales barreras estructurales, económicas, culturales y procesales que limitan el acceso efectivo a la justicia en los Estados constitucionales.
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Autor/ Autores |
Año de estudio |
País o Ciudad de estudio |
Tipo de investigación |
Barreras al acceso a la justicia identificadas |
Ref |
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Acuña J y col. |
2023 |
Iberoamérica |
Metaanálisis |
Identifica barreras económicas, sociales, culturales, geográficas y de desigualdad que persisten en América Latina, afectando de manera desproporcionada a grupos vulnerables.
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(Acuña J, Ponce A, Ponce N, 2023). |
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Mentovich A y col. |
2024 |
Israel/EE. UU |
Estudio empírico cuantitativo |
Destaca barreras procedimentales y de ingreso que afectan especialmente a personas de bajos ingresos, influyendo en percepciones de legitimidad y justicia.
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(Mentovich, A., Prescott, J. J., & Rabinovich-Einy, O, 2024). |
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Alvarado J y col. |
2024 |
Ecuador |
Estudio cualitativo exploratorio |
Barreras culturales y estructurales que enfrentan mujeres rurales, incluyendo falta de información legal, distancia y mecanismos formales inadecuados.
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(Alvarado-Vélez, J. A., Silva-Conde, D. I., Medina-Garcés, G. Y., & Mejía-Chávez, V. , 2024) |
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Pardo R y col. |
2025 |
Ecuador |
Análisis documental |
Barreras procesales (burocracia, escasez de recursos, deficiencias administrativas) y su relación con la situación económica de los usuarios para una defensa efectiva. Barreras estructurales persistentes (costos, conocimiento, aislamiento geográfico, falta de abogados) que impiden acceso igualitario a justicia |
(Pardo-Rueda, L. E., Rey-Quezada, V. S., & Herrera-Herrera, G. C., 2025) |
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Morales V |
2025 |
Perú |
Estudio cualitativo documental |
Señala barreras económicas (costos procesales, gastos de traslado) y socioculturales (brecha digital, diferencias idiomáticas) que dificultan justicia efectiva, especialmente en zonas rurales.
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(Morales Ccallaccasi, V, 2025) |
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Fuchs T |
2025 |
Estados Unidos |
Estudio documental descriptivo |
Expone barreras económicas, físicas, procedimentales, tecnológicas y de complejidad judicial como obstáculos que impiden el acceso efectivo al sistema de justicia.
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( Fuchs I, 2025). |
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Villamar P y col. |
2025 |
Perú |
Estudio descriptivo no experimental |
Señala barreras institucionales, sociales y culturales (burocracia, procesos complejos) y lingüísticas que afectan refugiados y migrantes especialmente. |
(Villamar Ponce, J. L., & Quimis Castillo, A. F, 2025) |
De los artículos revisados, en la tabla 2 se evidenciaron 7 artículos de alto impacto científico en los países: Estados Unidos, Israel , Perú y Ecuador, en el cual se pudo comprobar que las barreras evidencian que el acceso a la justicia no se garantiza únicamente mediante su consagración constitucional, sino que requiere políticas públicas integrales orientadas a fortalecer la institucionalidad, simplificar procedimientos, ampliar la asistencia jurídica y promover una cultura jurídica inclusiva. Solo así el acceso a la justicia puede consolidarse como un verdadero principio estructural del Estado constitucional de Derecho.
Tabla 3. Criterios jurisprudenciales relevantes que fortalezcan el acceso a la justicia como principio esencial del Estado de Derecho.
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Autor/ Autores |
Año de estudio |
País o Ciudad de estudio |
Tipo de investigación |
Criterios jurisprudenciales que fortalecen el acceso a la justicia |
Ref. |
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Corte Constitucional de Ecuador |
2023 |
Ecuador |
Informe comparativo |
Criterio de reconocimiento de la tutela judicial efectiva como derecho autónomo, obligando a garantizar medios prácticos de acceso.
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(Corte Constitucional de Ecuador, 2023). |
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Alvarado J y col. |
2024 |
Ecuador |
Estudio cualitativo exploratorio |
Reconocimiento judicial de la obligación del Estado de garantizar acceso efectivo a la justicia para pueblos indígenas aislados, mediante cumplimiento de normas y reparación integral. |
(Alvarado-Vélez, J. A., Silva-Conde, D. I., Medina-Garcés, G. Y., & Mejía-Chávez, V. , 2024) |
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Mentovich A y col. |
2024 |
Israel/EE. UU |
Estudio empírico cuantitativo |
Analiza criterios de justicia procesal que se reflejan en interpretaciones judiciales modernas: derecho a igualdad procesal y trato justo como partes esenciales del acceso a la justicia.
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(Mentovich, A., Prescott, J. J., & Rabinovich-Einy, O, 2024)
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Gómez L |
2025 |
Colombia |
Análisis interpretativo jurídico |
Criterio jurisprudencial nacional que interpreta el acceso a la justicia como materialización del Estado social de derecho mediante garantías judiciales amplias.
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(Gómez Lozano, M. M., 2025). |
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Tenesaca J |
2025 |
Europa |
Análisis jurisprudencial sistemático |
Criterio de acceso a un recurso efectivo bajo Art. 13 de la Convención Europea, exigiendo que exista un remedio judicial efectivo para proteger derechos fundamentales.
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(Tenesaca, J. R., 2025). |
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Comisión Interamericana de Derechos Humanos |
2025 |
Sistema Interamericano |
Informe jurídico especializado |
Jurisprudencia interpretativa que exige que los Estados diseñen mecanismos judiciales sensibles a género, considerando discriminación estructural.
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(Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2025) |
De los artículos revisados, en la tabla 3 se evidenciaron 6 artículos de alto impacto científico en los países: Colombia, Estados Unidos, Israel y Ecuador, estableciendo que los tribunales han ampliado el alcance del acceso a la justicia mediante una perspectiva de igualdad y no discriminación, exigiendo a los Estados la adopción de medidas positivas para remover barreras económicas, culturales o estructurales que afecten a grupos en situación de vulnerabilidad. De este modo, el acceso a la justicia se consolida no solo como un derecho individual, sino como un principio esencial que sostiene la legitimidad democrática y la vigencia efectiva del Estado de Derecho.
Discusión
El acceso a la justicia no es únicamente un derecho formal reconocido en constituciones o instrumentos internacionales, sino un principio fundamental del Estado constitucional y democrático de Derecho, cuya efectividad condiciona el ejercicio pleno de todos los demás derechos humanos. Desde una perspectiva dogmática, se sostiene que este derecho implica no solo la posibilidad de acudir ante tribunales, sino la existencia de remedios efectivos, igualdad ante la ley y mecanismos que hagan operativas las garantías procesales en términos reales y no meramente formales aspectos esenciales para que una sociedad pueda llamarse verdaderamente Estado de Derecho (Yáñez, K. A., & Maldonado, F. L, 2023).
Doctrinas contemporáneas y jurisprudencia constitucional han reforzado la idea de que el acceso a la justicia forma parte integral del núcleo del Estado de Derecho porque legitima la función jurisdiccional como instrumento democrático de solución de controversias y control del poder estatal. La atención en la teoría procesal ha subrayado que el acceso a la justicia legitima el proceso judicial y lo vincula con la protección de derechos subjetivos de toda persona, de tal modo que la justicia deja de ser un concepto abstracto para convertirse en una práctica garantizada en el plano institucional. Estas conceptualizaciones aportan una base sólida para afirmar que el acceso a la justicia cumple una función estructural dentro del sistema constitucional, no solo como derecho independiente, sino como recurso indispensable para la tutela judicial efectiva (Toscano López, F. H.).
La importancia de este principio también ha sido destacada desde instancias de derechos humanos a nivel internacional. Por ejemplo, resoluciones recientes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU han reconocido explícitamente que el acceso a la justicia es precondición para el ejercicio de todos los derechos humanos, subrayando que, sin la posibilidad real de acudir a mecanismos judiciales y administrativos, la igualdad, el debido proceso y la rendición de cuentas pierden sustancia lo que afecta directamente la integridad del Estado de Derecho. Además, los esfuerzos de los mecanismos globales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsan la idea de que el acceso igualitario a la justicia es una meta clave para consolidar sistemas de gobernanza justos, transparentes y participativos (Organización de las Naciones Unidas, SDG16.3). Esta integración de la justicia en agendas de desarrollo refuerza que la efectividad del Estado de Derecho no depende solo de normas escritas, sino de su aplicación real y tangible para todos los habitantes, sin discriminación ni exclusión (Naciones Unidas , 2024).
Sin embargo, los desafíos persisten. La práctica judicial evidencia que el acceso efectivo sigue obstaculizado por barreras económicas, culturales, institucionales y procedimentales que limitan la igualdad de oportunidades para litigar y obtener decisiones justas y oportunas. La simple disponibilidad de tribunales no garantiza justicia material; se requiere además que estos mecanismos sean accesibles, comprensibles y eficientes, y que las personas cuenten con asistencia y recursos adecuados para ejercer sus derechos (OECD, 2025). Cabe destacar que el acceso a la justicia articula un doble rol: como derecho humano fundamental y como principio estructural del Estado de Derecho, puesto que, sin procedimientos justos, decisiones motivadas y ejecución de sentencias, la tutela de los derechos se fragmenta y queda incompleta. La discusión contemporánea exige que los ordenamientos jurídicos y las políticas públicas no solo reconozcan formalmente este derecho, sino que actúen de forma positiva para remover obstáculos reales, garantizando igualdad, eficacia procesal y protección judicial efectiva para todos los ciudadanos.
Conclusiones
Los fundamentos teóricos del acceso a la justicia, desarrollados tanto en la doctrina jurídica nacional como internacional, coinciden en reconocerlo como un derecho humano esencial y un principio estructural del Estado de Derecho. No se trata únicamente de la posibilidad formal de acudir ante un órgano jurisdiccional, sino de garantizar condiciones reales de igualdad, tutela judicial efectiva, debido proceso y ejecución de las decisiones. La teoría contemporánea sostiene que, sin acceso efectivo a mecanismos de protección judicial, los demás derechos fundamentales carecen de eficacia práctica. Asimismo, la doctrina comparada enfatiza que el acceso a la justicia cumple una función instrumental y legitimadora: instrumental, porque permite activar la protección de otros derechos; y legitimadora, porque fortalece la confianza ciudadana en las instituciones y consolida la supremacía constitucional. Por ello, su garantía exige no solo reconocimiento normativo, sino políticas públicas orientadas a eliminar barreras económicas, culturales, estructurales y procesales. En definitiva, el acceso a la justicia constituye un pilar indispensable para la vigencia real de los derechos humanos y para la consolidación de un Estado constitucional y democrático de Derecho.
Las barreras estructurales, económicas, culturales y procesales evidencian que el acceso a la justicia en los Estados constitucionales aún enfrenta desafíos significativos para su plena materialización. Las limitaciones institucionales, la insuficiente cobertura judicial y la sobrecarga procesal afectan la eficiencia del sistema; los costos económicos excluyen a sectores vulnerables; las diferencias culturales y el desconocimiento de derechos generan desigualdad real; y el exceso de formalismo o la demora judicial debilitan la tutela efectiva. En conjunto, estos obstáculos demuestran que el reconocimiento constitucional del derecho no es suficiente si no se acompaña de políticas públicas y reformas orientadas a garantizar una justicia accesible, inclusiva y eficaz para todos.
Los criterios jurisprudenciales contemporáneos han consolidado el acceso a la justicia como un principio esencial del Estado de Derecho al reconocerlo no solo como un derecho formal, sino como una garantía material y efectiva. Las decisiones judiciales han enfatizado la necesidad de asegurar recursos idóneos, eliminar el formalismo excesivo, garantizar el plazo razonable, motivar adecuadamente las sentencias y proteger la independencia judicial. Asimismo, han destacado la obligación estatal de remover barreras que afecten a grupos en situación de vulnerabilidad, promoviendo igualdad real y no meramente formal. De esta manera, la jurisprudencia fortalece el carácter estructural del acceso a la justicia, vinculándolo directamente con la legitimidad democrática, la seguridad jurídica y la protección efectiva de los derechos fundamentales.
Referencias
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Alvarado J, Silva D, Mejía- G, Mejía- V. (2024). Justice for rural women: An exploratory analysis of institutions and mechanisms to access justice in Chimborazo, Ecuador. Heliyon. Obtenido de 10.1016/j.heliyon.2024.e28234
Alvarado-Vélez, J. A., Silva-Conde, D. I., Medina-Garcés, G. Y., & Mejía-Chávez, V. . (2024). Justice for rural women: An exploratory analysis. Heliyon. Obtenido de https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10963642/
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