Revista Científica PROciencias. Vol. 3, Núm. 2 (Ed. julio – dic . 2026) ISSN: 3121-2972.
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El derecho de alimentos en el marco de la protección integral de la familia
The Right to Maintenance within the Framework of Comprehensive Family
Protection
Autores
1. José Agustín Grijalva Bowen. https://orcid.org/0009-0008-9103-1852
jose.grijalva@unesum.edu.ec
2. José Daniel Montesdeoca Palacios. https://orcid.org/0009-0008-7974-5019
jose.montesdeoca@unesum.edu.ec
3. Héctor Enrique Bravo Intriago https://orcid.org/0009-0008-2016-0577
hector.bravo@unesum.edu.ec
4. Vanessa Mariuxi García Macías. https://orcid.org/0000-0001-6528-468X
vanessa.garcia@unesum.edu.ec
Filiación institucional: Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM), Jipijapa, Ecuador.
*Autor, correo para correspondencia: jose.grijalva@unesum.edu.ec
Resumen
El presente artículo tuvo como objetivo analizar el derecho de alimentos como componente
esencial de la protección integral de la familia, desde un enfoque cualitativo de tipo documental y
bibliográfico. El estudio se sustentó en la revisión sistemática de la literatura científica, normativa
y jurisprudencial publicada entre 2021 y 2026 en bases de datos como SciELO, Redalyc, Dialnet
y Latindex, empleando los métodos analítico-sintético y hermenéutico-jurídico para la construcción
de categorías temáticas. Los resultados evidenciaron que el derecho de alimentos se articula con
principios como el interés superior del niño, la responsabilidad parental compartida y la solidaridad
familiar, y que persisten vacíos normativos relacionados con la extinción de la obligación
alimentaria en hijos mayores de edad que cursan estudios superiores, así como con los
mecanismos de exigibilidad y cumplimiento. El análisis comparativo entre Ecuador, Colombia y
Perú mostró diferencias significativas en los límites etarios y en la efectividad procesal de las
pensiones alimenticias. Se concluyó que la protección integral de la familia exige una lectura
sistémica del derecho alimentario que trascienda la dimensión patrimonial e incorpore el enfoque
de derechos humanos y la corresponsabilidad estatal. Estos hallazgos podrán orientar futuras
reformas legislativas destinadas a garantizar la exigibilidad efectiva del derecho de alimentos.
Palabras clave: derecho de alimentos; protección integral; familia; interés superior del niño;
responsabilidad parental
Abstract
This article aimed to analyze the right to maintenance as an essential component of comprehensive
family protection, using a qualitative documentary and bibliographic approach. The study was
based on a systematic review of scientific literature, legislation, and case law published between
2021 and 2026 in databases such as SciELO, Redalyc, Dialnet, and Latindex. Analytical-synthetic
and legal-hermeneutic methods were applied to construct thematic categories. The results showed
that the right to maintenance is closely linked to principles such as the best interests of the child,
shared parental responsibility, and family solidarity. They also revealed persistent regulatory gaps
concerning the termination of maintenance obligations for adult children pursuing higher education,
as well as mechanisms for enforcement and compliance. The comparative analysis of Ecuador,
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Colombia, and Peru identified significant differences in age limits and in the procedural
effectiveness of maintenance payments. It was concluded that comprehensive family protection
requires a systemic interpretation of the right to maintenance that goes beyond its financial
dimension and incorporates a human rights approach and state co-responsibility. These findings
may guide future legislative reforms aimed at ensuring the effective enforceability of the right to
maintenance.
Keywords: right to maintenance; comprehensive protection; family; best interests of the child;
parental responsibility
Información del manuscrito:
Fecha de recepción: 10 de julio de 2026
Fecha de aceptación: 21 de julio de 2026
Fecha de publicación: 2 de agosto de 2026
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Introducción
El derecho de alimentos
constituye una de las instituciones
más antiguas y, a la vez, más
controvertidas del derecho de familia
contemporáneo, en la medida en que
articula la dimensión patrimonial de
las relaciones parentales con la
garantía de derechos fundamentales
como la vida, la salud, la educación y
el desarrollo integral de niños, niñas y
adolescentes. Su reconocimiento
normativo en los distintos
ordenamientos jurídicos
latinoamericanos, a través de
constituciones, códigos civiles y
códigos de la niñez y la adolescencia,
no ha sido suficiente para superar las
tensiones que surgen entre la letra de
la ley y su aplicación efectiva,
particularmente en contextos de
incumplimiento, litigiosidad
prolongada y vacíos normativos
relativos a la extensión temporal de la
obligación alimentaria.
En los últimos años, la doctrina
y la jurisprudencia han insistido en la
necesidad de leer el derecho de
alimentos no como una prestación
aislada, sino como parte de un
sistema más amplio de protección
integral de la familia, en el que
confluyen principios como el interés
superior del niño, la
corresponsabilidad parental y la
solidaridad familiar (Herrera, 2024).
Esta perspectiva sistémica reconoce
que la obligación alimentaria
trasciende la dimensión económica y
se vincula estrechamente con la
construcción del proyecto de vida de
las personas menores de edad, así
como con la responsabilidad
compartida entre el Estado, la familia
y la sociedad (Muñoz, 2025).
Diversos estudios recientes
han documentado las limitaciones
que persisten en la exigibilidad del
derecho de alimentos. Villalva-
Martínez et al. (2025) señalan que los
mecanismos alternativos, como el
acta notarial en los procesos de
disolución conyugal, pueden agilizar
la resolución de aspectos relativos a
la tenencia, el régimen de visitas y los
alimentos de los hijos menores,
aunque su efectividad depende de
contar con un marco normativo claro.
Por su parte, Carrión-Pardo et al.
(2025) advierten sobre los vacíos
legales que afectan el cumplimiento
de las obligaciones parentales y su
impacto en el bienestar emocional de
los menores, mientras que
Maldonado Ordóñez y Cabrera
Cabrera (2023) evidencian, desde el
derecho comparado entre Ecuador,
Colombia y Perú, la existencia de
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asimetrías normativas relevantes en
cuanto a la edad límite para percibir
alimentos, lo que genera situaciones
de desprotección para los
alimentarios que cursan estudios
superiores.
A ello se suma la discusión
sobre el derecho al cuidado como
categoría emergente dentro de los
sistemas de protección de personas
vulnerables, la cual, según Zambrano
Álvarez y Bolaños Moreno (2026),
evidencia la dispersión de los
regímenes jurídicos especiales y la
necesidad de construir un marco
codificado que articule los distintos
derechos de protección, incluido el
alimentario. En el plano
constitucional, Iriarte Pamo (2025)
resalta que la protección de la familia
constituye un mandato que vincula
tanto a los poderes públicos como a
los particulares, pues la familia es
reconocida como núcleo fundamental
de la sociedad.
Frente a este panorama, cabe
preguntarse: ¿de qué manera se
articula el derecho de alimentos con
el principio de protección integral de
la familia en la doctrina y la normativa
latinoamericana reciente?, y ¿cuáles
son las principales tensiones y vacíos
normativos que afectan su
exigibilidad? Se parte del supuesto
de que, si bien el derecho de
alimentos cuenta con un
reconocimiento normativo
consolidado, su efectividad se ve
limitada por la fragmentación de los
regímenes jurídicos, la disparidad de
criterios entre países y la persistencia
de una visión patrimonialista que no
siempre se ajusta al enfoque de
derechos humanos.
El objetivo del presente
estudio consistió en analizar el
derecho de alimentos como
componente esencial de la
protección integral de la familia,
mediante la revisión crítica de la
literatura científica, normativa y
jurisprudencial publicada entre
2021 y 2026. La justificación de
este trabajo radica en la
necesidad de sistematizar los
avances doctrinales recientes en
la materia, con el propósito de
ofrecer insumos teóricos que
contribuyan a la reflexión
académica y a la formulación de
políticas públicas orientadas a
fortalecer la exigibilidad del
derecho alimentario en el marco
de la protección integral de la
familia.
Materiales y métodos
La presente investigación se
desarrolló con un enfoque cualitativo,
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de tipo documental y bibliográfico,
correspondiente a un artículo de
revisión. Este diseño resultó
pertinente en la medida en que el
objeto de estudio, el derecho de
alimentos en el marco de la
protección integral de la familia, exige
una aproximación hermenéutica
capaz de interpretar y sistematizar el
conocimiento doctrinal, normativo y
jurisprudencial disponible, más que la
generación de datos primarios de
carácter cuantitativo.
El corpus documental estuvo
conformado por artículos científicos
publicados en revistas indexadas y
arbitradas entre 2021 y 2026,
disponibles en bases de datos y
repositorios académicos de acceso
abierto, entre ellos SciELO, Redalyc,
Dialnet y Latindex, así como por
normativa constitucional, civil y de
niñez y adolescencia vigente en
Ecuador, Colombia y Perú, y por
jurisprudencia constitucional
relevante en materia de familia. Se
establecieron como criterios de
inclusión: (a) publicaciones en
español, (b) correspondencia
temática directa con el derecho de
alimentos, la protección integral de la
familia, la responsabilidad parental o
el interés superior del niño, y (c)
antigüedad no mayor a cinco años a
partir de la fecha de elaboración del
presente artículo. Se excluyeron los
documentos sin filiación institucional
identificable, así como los de
divulgación no académica.
El procedimiento de búsqueda
se realizó mediante ecuaciones
combinadas con los descriptores
«derecho de alimentos», «protección
integral de la familia», «interés
superior del niño» y «responsabilidad
parental», en español. Tras la
aplicación de los criterios de inclusión
y exclusión, se conformó un corpus
final de siete documentos científicos
que constituyeron la base analítica
del estudio y se complementó con
fuentes normativas primarias citadas
en dichos documentos.
Como técnica de análisis se
empleó el análisis documental de
contenido, apoyado en los métodos
analítico-sintético y hermenéutico-
jurídico, lo que permitió descomponer
el objeto de estudio en categorías
temáticas emergentes, tales como
interés superior del niño,
responsabilidad parental, protección
integral de la familia, derecho al
cuidado, derecho comparado y
mecanismos de exigibilidad, y
establecer relaciones conceptuales
entre ellas. El instrumento utilizado
consistió en una matriz de
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categorización elaborada por los
autores, que registró, para cada
documento, el año de publicación, el
país de referencia, el enfoque
metodológico declarado y las
categorías temáticas abordadas;
dicha matriz sirvió de base para la
elaboración de las tablas y figuras
presentadas en el apartado de
resultados. El procedimiento descrito
garantiza la replicabilidad del estudio,
en la medida en que los criterios de
búsqueda, selección y análisis
documental pueden ser aplicados
nuevamente por otros investigadores
al mismo universo documental.
Resultados
Tabla 2 resume la frecuencia con la
que dichas categorías fueron
abordadas en el corpus analizado.
País
Edad límite
general
Fuente
normativa/jurisprudencial
Ecuador
21 años (sin
excepción, salvo
discapacidad
certificada)
Código de la Niñez y Adolescencia
(2003), Art. Inn. 4
Colombia
25 años (si
acredita estudios
en curso)
Corte Constitucional, Sentencias
T-854/12 y T-285/10
Perú
28 años (si
acredita estudios
superiores
exitosos)
Plenos Jurisdiccionales Distritales
de Familia (Lima, 2014;
Huancavilca, 2016)
Tabla 1. Régimen comparado de la edad
límite para el reconocimiento del derecho
de alimentos en Ecuador, Colombia y
Perú
Nota. Elaboración propia (2026), a partir de
Maldonado Ordóñez y Cabrera Cabrera
(2023).
Como se observa en la Tabla
1, la legislación ecuatoriana presenta
el límite etario más restrictivo de los
tres países analizados, al extinguir la
obligación alimentaria a los 21 años
sin posibilidad de extensión salvo
causas de discapacidad
debidamente certificada, mientras
que Colombia y Perú han
desarrollado, por vía jurisprudencial,
criterios que permiten prolongar la
pensión alimenticia hasta los 25 y 28
años respectivamente, cuando el
alimentario acredita la continuidad de
sus estudios superiores (Maldonado
Ordóñez y Cabrera Cabrera, 2023).
Esta disparidad normativa constituye,
a juicio de los autores citados, una
fuente de desprotección para los
alimentarios ecuatorianos, en
contradicción con el principio de
progresividad de los derechos
humanos.
Categoría
temática
Frecuenci
a (n=7)
Autores
representativo
s
Interés superior
del niño
4
Carrión-Pardo et
al. (2025);
Herrera (2024);
Maldonado
Ordóñez y
Cabrera
Cabrera (2023);
Zambrano
Álvarez y
Bolaños Moreno
(2026)
Protección integral
3
Iriarte Pamo
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de la familia
Responsabilidad
parental y
corresponsabilida
d
2
Derecho
comparado
1
Mecanismos de
exigibilidad y vías
alternativas
1
Derecho al
cuidado
1
Tabla 2. Categorías temáticas
identificadas en el corpus documental
revisado (n = 7)
Nota. Elaboración propia (2026), a partir del
análisis documental del corpus revisado.
El interés superior del niño
constituyó la categoría más
recurrente, presente en cuatro de los
siete documentos analizados, lo que
confirma su condición de principio
rector transversal en la construcción
doctrinal del derecho de alimentos
(Carrión et al., 2025; Herrera, 2024).
En segundo lugar, la protección
integral de la familia apareció como
marco conceptual explícito en tres de
los documentos, lo que evidencia que
la obligación alimentaria no se
concibe de manera aislada, sino
como parte de un sistema más amplio
de garantías (Iriarte, 2025; Muñoz,
2025; Zambrano y Bolaños, 2026).
En la Figura 1 se presenta el
modelo conceptual construido a partir
del análisis documental, el cual
articula el derecho de alimentos con
los principios y categorías
identificados en la revisión de la
literatura.
Figura 1. Modelo conceptual del
derecho de alimentos en el marco de la
protección integral de la familia
Nota. Elaboración propia (2026), a
partir de la síntesis del corpus documental
analizado.
El modelo representado en la
Figura 1 sitúa el derecho de
alimentos como eje articulador de la
protección integral de la familia,
vinculado directamente al interés
superior del niño, a la responsabilidad
parental compartida, al derecho al
cuidado, a la corresponsabilidad
estatal y a la solidaridad familiar. Esta
representación coincide con el
planteamiento de Zambrano Álvarez
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y Bolaños Moreno (2026), quienes
advierten sobre la necesidad de
superar la dispersión normativa que
actualmente caracteriza a los
regímenes de protección de personas
vulnerables, entre los que se incluye
el régimen alimentario, mediante la
construcción de un marco jurídico
codificado que articule los distintos
derechos de protección.
Asimismo, la Figura 2 ilustra la
distribución de los estudios revisados
según su país de origen, lo que
permite observar la concentración de
la producción científica reciente sobre
la materia en el contexto ecuatoriano.
Figura 2. Distribución de los estudios
revisados según país de origen (corpus
documental 2023-2026)
Nota. Elaboración propia (2026), a partir del
análisis documental del corpus revisado.
La Figura 2 muestra una
concentración significativa de
estudios producidos en Ecuador
(cuatro de los siete documentos),
seguida por producciones de
Argentina, El Salvador y un estudio
de coautoría ecuatoriano-cubana, lo
que sugiere un interés académico
particularmente activo en la región
andina respecto de la actualización
normativa en materia de alimentos y
protección familiar, así como un
margen de oportunidad para ampliar
la producción científica comparada
con otros contextos
latinoamericanos.
En cuanto a los mecanismos
de exigibilidad, Villalva-Martínez et al.
(2025) documentan que la
intervención notarial en los procesos
de disolución conyugal con hijos
menores de edad puede constituir
una vía complementaria a la
jurisdiccional para resolver de
manera ágil la fijación de alimentos,
sin que ello suponga una renuncia a
la seguridad jurídica ni al interés
superior del menor. Este hallazgo
dialoga con la discusión planteada
por Carrión et al. (2025), quienes
identifican vacíos legales en los
mecanismos de cumplimiento de las
obligaciones parentales derivadas de
sentencias de divorcio, lo que sugiere
que la agilidad procesal por sí sola no
garantiza la efectividad del derecho
alimentario si no se acompaña de
instrumentos de seguimiento y
coerción adecuados.
Finalmente, la dimensión de
responsabilidad parental analizada
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por Muñoz (2025) refuerza la idea de
que el derecho de alimentos no
puede desligarse de la
corresponsabilidad de madres y
padres en el ejercicio de la crianza, lo
que exige un tránsito desde una
visión de autoridad parental hacia
una de responsabilidad compartida,
orientada por la doctrina de
protección integral. En conjunto, los
resultados obtenidos permiten
responder al objetivo planteado,
evidenciando que el derecho de
alimentos se articula estrechamente
con la protección integral de la
familia, aunque persisten vacíos
normativos y procesales que limitan
su exigibilidad efectiva en los
distintos contextos nacionales
analizados.
CONCLUSIONES
El análisis documental
realizado permitió concluir que el
derecho de alimentos constituye un
componente estructural de la
protección integral de la familia, en la
medida en que su ejercicio efectivo
condiciona la garantía de otros
derechos fundamentales de niños,
niñas y adolescentes, tales como la
vida digna, la salud, la educación y el
desarrollo integral. La revisión de la
literatura evidenció que este derecho
no puede comprenderse de manera
aislada ni exclusivamente en
términos patrimoniales, sino que se
articula con principios como el interés
superior del niño, la responsabilidad
parental compartida, el derecho al
cuidado y la corresponsabilidad
estatal.
En relación con el primer
objetivo específico, se determinó que
la doctrina reciente tiende a superar
la visión tradicional de la obligación
alimentaria como una carga individual
del progenitor no conviviente, para
situarla en un sistema más amplio de
protección en el que el Estado y la
sociedad comparten
responsabilidades. Respecto del
segundo objetivo, el análisis
comparativo entre Ecuador,
Colombia y Perú permitió identificar
asimetrías normativas relevantes en
cuanto a la edad límite para el
reconocimiento del derecho de
alimentos, lo que constituye una
fuente de desprotección para los
alimentarios que cursan estudios
superiores en el contexto
ecuatoriano.
El aporte principal de este
estudio radica en la sistematización
de las categorías temáticas que
actualmente estructuran la discusión
doctrinal sobre el derecho de
alimentos en el marco de la
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protección integral de la familia, así
como en la propuesta de un modelo
conceptual que articula dichas
categorías. Este aporte puede
resultar de utilidad tanto para la
comunidad académica como para los
operadores jurídicos y los
legisladores interesados en fortalecer
la exigibilidad del derecho
alimentario.
Como líneas futuras de
investigación, se sugiere profundizar
en estudios empíricos que permitan
contrastar los hallazgos doctrinales
aquí sistematizados con la
experiencia de los operadores
judiciales y de las familias afectadas
por el incumplimiento de la obligación
alimentaria, así como ampliar el
análisis comparativo a otros países
de la región que aún no han sido
suficientemente explorados en la
literatura especializada. Asimismo,
resulta pertinente examinar el
impacto de los mecanismos
alternativos de resolución, como la
mediación y la intervención notarial,
sobre la efectividad real del derecho
de alimentos.
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