La valoración de la prueba electrónica en los procesos judiciales ecuatorianos: desafíos y garantías procesales

Resumen

La progresiva digitalización de las relaciones sociales, económicas y jurídicas ha provocado que una parte creciente de los hechos sometidos a conocimiento judicial se encuentre documentada mediante mensajes de datos, correos electrónicos, conversaciones mantenidas a través de aplicaciones de mensajería instantánea, archivos digitales, fotografías, videos, registros informáticos y otros contenidos generados o almacenados electrónicamente. Esta transformación plantea dificultades particulares para el derecho probatorio, pues el reconocimiento jurídico de un documento electrónico no determina, por sí mismo, su fuerza probatoria en un caso concreto. El presente artículo analiza el régimen jurídico aplicable a la valoración de la prueba electrónica en Ecuador, con especial atención a las condiciones de licitud, autenticidad, integridad, fiabilidad, contradicción y motivación judicial. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, mediante un diseño documental y jurídico-dogmático, basado en el análisis de la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico General de Procesos, el Código Orgánico Integral Penal, la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, la jurisprudencia y los criterios institucionales relevantes, así como la literatura jurídica especializada. Los resultados evidencian que el ordenamiento ecuatoriano reconoce ampliamente la prueba electrónica, pero distribuye su regulación entre distintos cuerpos normativos y establece tratamientos diferenciados entre los procesos sometidos al Código Orgánico General de Procesos y al proceso penal. Se concluye que la valoración de la prueba electrónica no puede reducirse a la mera visualización de una captura de pantalla o de un archivo digital, sino que exige examinar conjuntamente su licitud, procedencia, autenticidad, integridad, contexto, fiabilidad técnica y posibilidad efectiva de contradicción. En materia penal, estas exigencias se intensifican mediante las reglas sobre técnicas forenses digitales y la cadena de custodia.